La Ley 21.455 fija la meta de neutralidad de emisiones a 2050 y crea un sistema de instrumentos de gestión climática con expresión nacional, sectorial, regional y comunal. Para los proyectos, su efecto se materializa progresivamente a través de esos instrumentos y de la planificación territorial.
La Ley 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, se publicó en junio de 2022 y ordenó por primera vez en un solo cuerpo legal la institucionalidad climática chilena. Su efecto sobre los proyectos no fue inmediato ni directo: llega de forma progresiva, a través de los instrumentos que la ley crea.
Qué establece
La meta central es la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero a más tardar el año 2050, junto con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del país frente a los efectos adversos del cambio climático.
Para alcanzarla, la ley construye un sistema de instrumentos articulados en cuatro niveles:
- Nacional: la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), que define la trayectoria de emisiones a treinta años, y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que fija los compromisos de mediano plazo.
- Sectorial: los Planes Sectoriales de Mitigación y de Adaptación, a cargo de los ministerios competentes en energía, minería, transporte, agricultura, obras públicas, salud y otros.
- Regional: los Planes de Acción Regional de Cambio Climático.
- Comunal: los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático.
Por dónde llega a los proyectos
Por el presupuesto sectorial de emisiones. La ECLP distribuye presupuestos de emisión entre sectores. Ese reparto termina traduciéndose en exigencias, incentivos y restricciones que alcanzan a los proyectos de cada sector.
Por la planificación territorial. Los instrumentos regionales y comunales incorporan criterios climáticos —riesgo de incendio, disponibilidad hídrica, amenazas costeras, olas de calor— que condicionan dónde y cómo se emplaza un proyecto.
Por la evaluación ambiental. El componente climático ha ganado peso en la caracterización de línea de base, en el análisis de riesgos naturales y en la evaluación de la coherencia del proyecto con los instrumentos aplicables al territorio.
Por el financiamiento. Es la vía más rápida en la práctica. Bancos, fondos e inversionistas exigen medición de huella, análisis de riesgos climáticos físicos y de transición, y reportabilidad alineada con estándares internacionales, con independencia del calendario regulatorio chileno.
Qué conviene tener resuelto
Tres cosas, en orden de urgencia:
- Un inventario de emisiones confiable, con metodología y límites organizacionales explícitos, que soporte auditoría externa.
- Un análisis de riesgos climáticos sobre los activos del proyecto: disponibilidad hídrica, eventos extremos, cambios en la demanda y exposición regulatoria.
- Trazabilidad de los datos, porque la diferencia entre un reporte creíble y uno cuestionable no está en el resultado sino en la capacidad de reconstruir cómo se calculó.
La ley fijó el rumbo. Lo que define el impacto real sobre cada proyecto es el ritmo con que se van desplegando sus instrumentos y la exigencia creciente del mercado financiero, que suele adelantarse a la norma.
Temáticas
- Sostenibilidad y criterios ESG
- Gestión Territorial y Participación Ciudadana
